Las fiestas en honor a San Blas, patrón de Cilleros, han tenido siempre un sonido propio: el de las escopetas disparando salvas al paso del santo. Durante décadas, ese estruendo festivo ha acompañado a la procesión como símbolo de devoción y tradición. Sin embargo, en la celebración de San Blas 2010, algo cambió: por primera vez en muchos años, los escopeteros no dispararon y la procesión discurrió en silencio.

Aquel episodio generó una intensa polémica en el pueblo y en la comarca, hasta el punto de convertirse en uno de los San Blases más recordados de la historia reciente. Para entender lo ocurrido conviene analizarlo desde tres puntos de vista: el legal, el del Ayuntamiento de Cilleros y el de los propios escopeteros.

El punto de vista legal: normas, seguridad y control

Desde el ámbito legal, la situación era clara. El uso de armas de fuego en espacios públicos está sujeto a una normativa estricta cuyo objetivo es garantizar la seguridad ciudadana. Para poder disparar salvas durante la procesión, los escopeteros debían inscribirse previamente en un registro oficial, aportando: DNI, licencia de armas en vigor, y los datos del arma que iban a utilizar.

La Guardia Civil había habilitado este procedimiento con antelación y, según los datos difundidos, solo 69 personas se habían inscrito correctamente, cuando la cifra habitual de escopeteros rondaba los doscientos.

Ante esa situación, y al presentarse el día de la fiesta un número muy superior de cazadores sin registrar, las autoridades consideraron que no se daban las garantías legales para permitir los disparos. Desde este punto de vista, la actuación fue una mera aplicación de la ley. A ello se sumó un hecho que llamó poderosamente la atención de los vecinos: Cilleros amaneció aquel 3 de febrero prácticamente tomado por la Guardia Civil. Numerosos efectivos fueron desplazados al municipio para controlar el desarrollo de la procesión y evitar incidentes. Para muchos cilleranos, acostumbrados a una celebración tranquila y familiar, ver el pueblo lleno de agentes uniformados resultó una imagen impactante y poco acorde con el ambiente festivo tradicional.

El punto de vista del Ayuntamiento: responsabilidad institucional

El Ayuntamiento de Cilleros defendió en todo momento que no se trataba de prohibir ninguna tradición, sino de adaptarla a la normativa vigente. Desde la alcaldía se recordó que se habían emitido bandos informando de los requisitos necesarios y que se había pedido a los escopeteros que se registraran con antelación.

Para el consistorio, permitir que personas sin la documentación en regla dispararan armas en plena vía pública hubiera supuesto una irresponsabilidad. La presencia reforzada de la Guardia Civil respondía precisamente a esa necesidad de garantizar el orden y la seguridad en un acto multitudinario.

No obstante, desde el Ayuntamiento se lamentó que la falta de entendimiento terminara desembocando en una procesión sin salvas, algo que nadie deseaba, pero que consideraban inevitable dadas las circunstancias.

El punto de vista de los escopeteros: tradición frente a burocracia

Para los protagonistas de la fiesta, los escopeteros, lo ocurrido en 2010 fue vivido como una auténtica afrenta a una costumbre centenaria. Muchos consideraron que se les estaba sometiendo a un control excesivo y que se estaba burocratizando una tradición que siempre se había desarrollado sin problemas.

La imagen del pueblo lleno de guardias civiles fue interpretada por algunos como una medida desproporcionada, casi como si se estuviera criminalizando a quienes solo querían honrar a su patrón. Como protesta simbólica, muchos cazadores optaron por colocar las escopetas en el suelo al paso del santo y negarse a participar.

En los comentarios que circularon aquellos días se mezclaron el enfado, la decepción y también la autocrítica: hubo quien reconoció que muchos escopeteros no se habían inscrito a tiempo, pero también quien opinó que las exigencias habían sido demasiado rígidas y que faltó diálogo previo.

Como era de esperar, no tardaron en aparecer nuevos pasquines, anónimos, con un conjunto de coplas contando el suceso acontecido, donde el autor identifica un único culpable:

En este año que estamos
señores voy a contar,
nadie ha tirado un tiro
a nuestro patrón San Blas.

Se inventaron una reglas
que nadie quiso cumplir,
por eso se armó jaleo
y vino la Guardia Civil.

Bocinazos y abucheos
se oye de los cazadores,
el pueblo dividido
y muy lleno de rencores.

Unos se tiran a otros
los trastos a la cabeza,
si tienes la culpa tu
o la tiene la Alcaldesa.

La Procesión transcurrió
y no volvió a pasar nada,
las amas de casa sirven
y están guapas y arregladas.

Bien contentas ellas iban
cantándole fuerte al Santo,
mientras que los cazadores
en el llano están sentados.

Al fin se pasó la fiesta
la tradición se rompió,
ojalá que p´al que viene
esto tenga solución.

Bendito y glorioso San Blas
ya no sentirás más tiros,
por tener a una Alcaldesa
mandando en tu dominio.

En el pueblo de Cilleros
no se ha visto cosa igual,
la Alcaldesa estaba cagada
por tirarle tiros a San Blas.

Y en la cata del vino
no se tiró ningún tiro,
porque estaba la Alcaldesa
muy encogida de ombligo.

El San Blas de 2010 quedó grabado en la memoria colectiva de Cilleros como el año en que las salvas enmudecieron y en que el pueblo apareció, para sorpresa de muchos, lleno de agentes de la Guardia Civil. Un episodio que mostró hasta qué punto pueden chocar la tradición popular y la normativa moderna.

Con el paso del tiempo, aquel conflicto sirvió para replantear la organización de la fiesta y buscar fórmulas que permitieran compatibilizar la seguridad con las costumbres locales. Y se encontraron, eran las mismas ya planteadas.